28 de octubre

Por Gonzalo Dieguez y Ursula Eyherabide*

Analizar la implementación del voto electrónico en nuestro país requiere de una mirada imparcial, que deje de lado posturas ingenuamente optimistas o basadas en una irreflexiva desconfianza. La ventaja más importante del sufragio electrónico es la rapidez de la totalización de los resultados y del recuento de los votos, que contrasta con las demoras –como la sucedida recientemente en Córdoba– que terminan vinculándose con sospechas de fraude y manipulación de los comicios.

Pero la aplicación del voto electrónico implica también hacer uso de complejas tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en etapas anteriores como posteriores al momento del propio sufragio (por ejemplo, la confección del registro de electores; la verificación de la identidad del elector; y la transmisión de los resultados).

Existe una serie de requisitos que hacen a la garantía de inviolabilidad del carácter secreto del voto, y sólo a través del control exhaustivo del diseño del software, del sistema operativo de base, del hardware, y de la auditoria previa y posterior a las elecciones, se está en condiciones de prevenir una eventual manipulación electrónica de los votos.

La complejidad de los mecanismos necesarios para la fiscalización implica un gran desafío para los partidos políticos y los órganos responsables de administrar las elecciones, a la vez que relativiza la idea de que el voto electrónico lleva necesariamente a eliminar el fraude y a reducir los costos de una elección. Quizás se requieren menos fiscales, pero en contrapartida se necesita de personal más especializado y capacitado en cuestiones informáticas.